jueves, 9 de septiembre de 2010

Exigen destitución del general Benavides y de El Aissami

La defensora del Pueblo no quiso pronunciarse sobre el asunto

La destitución del jefe del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides, quien este lunes advirtió a los delincuentes que su "destino (...) es la cárcel o bajo tierra", exigió el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que también pidió la salida del ministro del Interior, Tarek El Aissami, por justificarlas y acusar a los medios de "malinterpretar" al uniformado.

El coordinador de la agrupación, Marino Alvarado, señaló a Benavides y a El Aissami de haber violado tres ar- tículos de la Constitución y dos más de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.

Las normas constitucionales que habrían sido obviadas son la 19, 25 y 43 de la Carta Magna, las cuales obligan al Estado a garantizar a todos los ciudadanos el goce de sus derechos humanos, que toda orden que contraríe las garantías fundamentales es nula y que el derecho a la vida es irrenunciable, respectivamente.

Por su parte, las disposiciones de la Ley de Policía Nacional desatendidas son la 12 y la 70, que establecen que los cuerpos de seguridad actuarán apegados a la Constitución y los tratados de derechos humanos y que los efectivos policiales siempre deben proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos y que jamás deben hacer "daño físico innecesario ni maltratos morales a las personas objeto de la acción policial".

La exigencia de que Benavides sea removido de su cargo fue respaldada por la Red de Apoyo por la Justicia y Paz, la cual, en horas de la tarde, difundió un comunicado en el cual denunció que las expresiones del uniformado "pudieran constituir una solapada justificación al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza potencialmente mortal y, por ende, una posible incitación a delinquir a quienes prestan servicio como funcionarios y funcionarias de seguridad ciudadana".

La organización advirtió al Ejecutivo nacional que la posición del uniformado "golpea" sus "esfuerzos sinceros y consistentes" para lograr la transformación de los cuerpos policiales venezolanos.

Del mismo modo rechazó la propuesta del jefe del CORE 5 de que las muertes de supuestos delincuentes en enfrentamientos con la autoridad no sean contabilizados como homicidios, por considerar que ella lo que busca es "encubrir" los abusos cometidos por los agentes del orden público.

Defensora guarda silencio

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, evitó pronunciarse sobre la polémica generada por las afirmaciones del jefe del CORE 5.

Al salir de una reunión con la rectora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), un reportero le consultó a la funcionaria sobre lo dicho por Benavides, pero ella declinó responder diciendo: "Quisiera pedirles a los periodistas que hoy nos enfoquemos en el tema electoral".

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